Rubio alista propuesta de reforma migratoria
Plan del senador republicano incluye residencia, pero advierte que no se trata de una “amnistía”
El resultado de la elección del 6 de noviembre, que concluyó con la reelección del presidente Barack Obama, dejó en claro que el voto latino es clave para llegar a la Casa Blanca. Y que la reforma migratoria -solución al problema de los 11 millones de indocumentados- es tema obligado tanto para demócratas como republicanos.
Cinco días después de los comicios (que registró un nuevo récord de votantes latinos con 12.2 millones), los senadores Charles Schummer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) anunciaron, por separado, que retomaban conversaciones suspendidas en marzo de 2010 sobre un proyecto bipartidista amplio que incluye una vía de legalización para los sin papeles.
Cuarenta y ocho horas más tarde de ese anuncio, el presidente Barack Obama, en su primera conferencia de prensa tras la reelección, reiteró su nuevo compromiso de empujar una reforma migratoria comprensiva inmediatamente después de la toma de posesión (programada para el lunes 21 de enero), iniciativa que incluirá una vía regulada de legalización para indocumentados que, entre otros requisitos, lleven tiempo en el país, paguen impuestos, sepan inglés y carezcan de antecedentes criminales.
En la campaña 2008 Obama prometió una reforma migratoria comprensiva durante el primer año de su mandato, pero otros temas de interés nacional, entre ellos la crisis financiera, las guerras en Irak y Afganistán y la reforma de salud, postergaron el compromiso.
El 20 de septiembre de 2012, durante un Encuentro con Univision en la Universidad de Miami, Obama dijo que la falta de una reforma migratoria era el mayor fracaso de su administración, y se comprometió a que si era reelecto, esta vez la empujaría en el Congreso a partir de la toma de posesión, en enero, y que hablaría con líderes de ambos partidos en ambas cámaras.
Simultáneamente, el liderazgo republicano en el Congreso anunció estar dispuesto a tratar el tema, pese a que en los últimos cuatro años se han resistido a ventilarlo esgrimiendo una postura contraria a la legalización y a favor del endurecimiento de políticas enfocadas en el arresto y deportación de inmigrantes sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.
La tesis dio algunos resultados en la elección de medio tiempo de 2010, cuando los republicanos le arrebataron el control de la Cámara de Representantes a los demócratas, pero el 6 de noviembre sufrieron una dura derrota que los obligó a revisar el discurso y hablar en un lenguaje similar al de sus adversarios con el tema de la reforma migratoria.
¿Cree que habrá reforma migratoria en 2013? Participe en el Foro de Reforma Migratoria.
El plan de Rubio
El sábado The Wall Street Journal (WSJ) publicó un reportaje basado en una entrevista al senador republicano de Florida, Marco Rubio, quien reúne elementos para presentar una iniciativa que permita reformar el actual sistema migratorio con énfasis en la inmigración legal.
El diario dijo que Rubio quiere tomar el liderazgo republicano en el debate de la reforma migratoria en el Congreso, y que con este propósito está materializando sus ideas para elaborar una posible legislación.
La iniciativa se basaría en permitir que inmigrantes profesionales (altamente capacitados) y trabajadores temporales (entre ellos agrícolas) puedan regularizar sus permanencias, pero primero se debe asegurar la frontera.
Los republicanos sostienen este argumento desde mediados de 2006, cuando el debate de la reforma se congeló en el Congreso con la cancelación del Comité de Conferencia que armonizaba dos iniciativas aprobadas, una por la Cámara (que criminalizaba la estadía indocumentada), y otra por el Senado (que ofrecía una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país).
La semana pasada el Migration Policy Institute (MPI) reveló un informe en el que señaló que el gobierno del presidente Barack Obama gastó en 2012 cerca de $18 mil millones en el cumplimiento de leyes migratorias y vigilancia fronteriza para, entre otras medidas, detener el tránsito y tráfico de indocumentados. La cifra supera en por lo menos 24% lo gastado por otras agencias federales, entre ellas la Policía Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio Secreto juntos, respondiendo de esa manera la exigencia republicana y obligando a la oposición a sentarse en la mesa de negociaciones sobre la reforma migratoria.
El documento, titulado Immigration Enforcement in the United States: The Rise of a Formidable Machinery (Aplicación de la ley en Estados Unidos: el surgimiento de una maquinaria formidable), precisa que desde 1986, cuando el Congreso aprobó una amnistía migratoria, el país ha gastado unos $186,800 millones en medidas policiales contra la inmigración ilegal, y que la vigilancia de las fronteras, especialmente en la frontera del suroeste, representa "el elemento para el control fronterizo más financiado y publicitado" del Gobierno, para el que ha asignado "históricos incrementos de recursos".
El informe añade que desde 1990 a la fecha más de 4 millones de extranjeros, buena parte de ellos indocumentados, han sido deportados, cifra que representa un notable incremento. De los poco más de 30 mil deportados en 1990, en el 2012 se registran más de 409 mil. En los últimos cuatro años el gobierno de Obama batió récords sucesivo de deportaciones.
Detalles del plan Rubio
Pese a los datos, Rubio insiste que, primero, debe asegurarse la frontera, y que una vez conseguido este objetivo podrá entonces hablarse de una vía de legalización, entre ellos un programa de trabajadores huéspedes, quienes tras una permanencia legal en Estados Unidos deben regresar a sus países de origen si quieren volver a ingresar.
Rubio se inclina por una reforma migratoria que favorezca la inmigración legal, y que para ello se tiene que "modernizar" el sistema imperante. Y dentro de este esfuerzo, pedirá ampliar la cuota en el número de visas para trabajadores calificados y que puedan traer a sus familiares inmediatos. "Soy un gran creyente en la familia basada en la inmigración", dijo Rubio al WSJ. Y apuntó que su plan se apoyará en la inmigración "basada en habilidades".
La iniciativa de Rubio se inclinaría por aquellos inmigrantes que traen inversión o habilidades al país, y en cambiar las reglas, por ejemplo, del programa de visas H2 (para trabajadores temporales), que permite la estancia por no más de dos años en total, incluyendo a familiares inmediatos (cónyuges e hijos solteros menores de edad, quienes no tienen derecho a trabajar), pero que al término de ese plazo el portador de la visa debe salir del país y gestionar una nueva visa.
Asegura el senador de Florida que este programa otorgaría campesinos suficientes a los agricultores para atender las temporadas de siembra y cosecha. "El objetivo es dar a la agricultura estadounidense en una fuerza de trabajo confiable y dar también protección a estos trabajadores", dijo Rubio al WSJ. "Cuando alguien es [indocumentados], son vulnerables a ser explotados".
El senador agregó que su plan permitiría a los indocumentados hacer uso del programa de trabajadores huéspedes, pero que el actual proceso “de venir aquí para trabajar legalmente en la agricultura es muy difícil y muy caro. No funciona bien. Sólo alienta la inmigración ilegal".
Rubio también apoya la implementación obligatoria del programa de verificación de empleo E-Verify, que obliga a los empleadores a verificar el estado migratorio de nuevos trabajadores en una base federal controlada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Los beneficiados
Sobre la vía para legalizar a los indocumentados que viven en Estados Unidos, Rubio dice que primero ellos (los sin papeles) tendrían que ser sometidos a un proceso de verificación de antecedentes (fichados), y que cualquier persona que haya cometido un delito grave sería deportado. Añade que aquellos que pasen esta etapa "tendrían que pagar una multa, pagar impuestos atrasados, tal vez incluso hacer servicio comunitario. Tendrían que demostrar que han estado aquí por un largo período de tiempo y hablar inglés. Entonces la mayoría de ellos obtendría situación jurídica y se le permitirá permanecer en este país", pero no especifica si obtendrían la ciudadanía luego de recibir la green card, ni tampoco cuánto tiempo deberán esperar para volverse residentes legales permanentes.
El plan de Rubio señala, además, que las green card que recibirían los indocumentados que califiquen tampoco serán indefinidas, y advirtió que su plan “no es una amnistía o un camino especial a la ciudadanía".
En cuanto a los Dreamers, jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos siendo niños junto a sus padres, y que en la actualidad están siendo beneficiados por la Acción Diferida del gobierno de Obama, tendrán cabida en su plan, y que el sistema será acelerado.
La Acción Diferida, anunciada el 15 de junio de 2012 y que entró en vigor el 15 de agosto, beneficia entre 800 mil y 1.7 millones de jóvenes indocumentados, a quienes se les cancela temporalmente las órdenes de deportación y se les concede un permiso o autorización temporal de trabajo.
El 15 de noviembre, una semana después de la reelección de Obama, el senador Rubio dijo que la reforma migratoria "tomará más tiempo (de lo previsto, para mediados de 2013), pero lo que podemos resolver de inmediato y espero que lo resolvamos rápidamente, es el tema de estos jóvenes" (dreamers), apuntó, en referencia a los Dreamers.
"Estamos trabajando para definir" una solución permanente para ellos, dijo el senador por Florida antes de agregar que su situación es más un "tema humanitario que migratorio, porque son inmigrantes indocumentados sin tener la culpa", dijo.
A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner (Ohio), expresó su disposición a que el próximo Congreso aborde el debate para una reforma integral, pero rehusó especificar si las discusiones sobre la reforma migratoria incluirá la opción de legalizar a 11 millones de inmigrantes sin documentos, una idea a la que su partido se ha opuesto porque lo ve como premiar a personas que violaron leyes estadounidenses.