January 19, 2011 | El Nuevo Herald | Articulo original

Propondrán versión estatal del DREAM Act

Durante años, el ex representante estatal Juan Carlos Zapata trató infructuosamente de que sus colegas republicanos en Tallahassee aprobaran una ley que permite a los estudiantes indocumentados pagar la matrícula universitaria con los beneficios normales de los residentes del estado.

Zapata salió el año pasado del cargo debido a los límites de término. Pero una nueva versión de su proyecto de ley ha vuelto al foro, esta vez presentado por uno de sus colegas de Miami-Dade, el representante Dwight Bullard.

Diez estados ya tienen leyes similares, pero si los antecedentes son una señal, hay poca razón para esperar que a Bullard, demócrata, le vaya mejor a Zapata en una Legislatura controlada por los republicanos.

Los republicanos, que han tendido a tomar una línea dura en materia de inmigración, tienen amplia mayoría en ambas cámaras.

El gobernador Rick Scott hizo campaña con la promesa de implementar en la Florida una ley de inmigración estilo Arizona. Y los legisladores han dejado saber que, enfrentados a un déficit de presupuesto de $3,600 millones, no aprobarán ninguna medida que le cueste dinero adicional al estado.

``No tiene oportunidad ninguna de aprobarse'', se lamentó Zapata. ``La gente no entiende el tema, es algo cargado de emoción''.

Pero Bullard observa un rayo de esperanza: ``No es año de elecciones, así que a lo mejor dicen que sí a algo'', le dijo a The Miami Herald en una conferencia de prensa el martes en el recinto de Homestead del Miami Dade College, donde unas 75 personas se reunieron para apoyar el proyecto de ley.

Bullard llamó la iniciativa ``DREAM Act de la Florida'', una propuesta bloqueada en el Congreso federal el mes pasado que contempla dar estatus legal a cientos de miles de estudiantes indocumentados y militares.

El proyecto floridano no cambia el estatus de los estudiantes indocumentados que fueron traídos ilegalmente por sus padres cuando eran niños, pero sí contempla permitir que algunos paguen la misma tarifa que los residentes en universidades públicas.

La exención se aplicaría a los alumnos indocumentados que asistieron a secundarias de la Florida por lo menos tres años, se graduaron en el estado y se inscriban en una institución pública de estudios superiores.

Los alumnos tendrían que presentar una declaración jurada ante la institución que exprese que tienen intención de legalizar su situación migratoria cuando cumplan los requisitos.

La propuesta pudiera significa menos dinero para las universidades porque esos alumnos pagarían menos matrícula. Pero Bullard alegó que la tarifa de los residentes legales --que el Miami Dade College apoya-- atraería a más estudiantes y generaría más dinero para las universidades.

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